GOBERNACIONES DE HADRAMAUT/HAJJAH/TAIZ, Yemen – «La paciente estaba en su tercer trimestre y llegó con un sangrado grave», declaró la Sra. Akaber, una partera comunitaria del distrito de Ku'aydinah, en la gobernación de Hajjah, en el noroeste de Yemen. «Le proporcioné asistencia médica, pero el bebé ya estaba muerto».
La paciente era Hanan Wahan, de 25 años, madre de tres hijos y embarazada de nueve meses. Experimentó complicaciones al intentar dar a luz en casa y la Sra. Akaber instó a su esposo a llevarla al hospital del distrito, con la esperanza de que pudieran salvarle la vida.
«No pude detener el sangrado, necesitaba la atención de un ginecólogo obstétrico», confió al UNFPA, la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva.
Desde febrero de 2024, el UNFPA había prestado apoyo al hospital proporcionando medicamentos para la salud materna y suministros médicos, así como desplegando trabajadores de la salud, como parteras y otros especialistas. Sin embargo, cuando la Sra. Wahan llegó casi inconsciente, el obstetra ya no trabajaba allí: debido a los fuertes recortes de financiación, el UNFPA tuvo que suspender su apoyo a finales de marzo de 2025.
No sobrevivieron ni la Sra. Wahan ni su bebé. «Sin un ginecólogo, no pude salvarle la vida», se lamentó la partera Akaber.

El derrumbe de las estructuras de apoyo
Más de un decenio de crisis y conflicto en Yemen ha provocado que 19,5 millones de personas necesiten asistencia humanitaria. Casi la mitad de la población padece hambre aguda y sólo el 40 % de los centros de salud están en funcionamiento.
Alrededor de 2,7 millones de mujeres y niñas carecen de acceso a servicios de salud reproductiva y seis de cada diez partos tienen lugar sin un profesional cualificado. En este momento muchos centros que prestan servicios de salud reproductiva, servicios de salud mental y planificación familiar se han visto obligados a cerrar, a menudo con consecuencias trágicas.
«Sin un ginecólogo, no pude salvarle la vida»

Halima*, de 45 años, es partera de la gobernación central de Hadhramaut. «Soy el sostén de la familia y mantengo a mi esposo y a mis cinco hijos», explicó al UNFPA, que anteriormente apoyó su empleo en el Hospital General de Tarim.
«Con la suspensión del apoyo, todo cambió», se lamentó. No puede confiar en su salario mensual (de solo 42 dólares). «El salario mensual que me proporciona el hospital es irregular y está lejos de cubrir lo básico. Tuve que pedir dinero prestado solo para alimentar a mis hijos».
«A veces no puedo comprar medicamentos para la enfermedad crónica de mi esposo y temo por su salud. El estrés y el agotamiento que traigo de casa se manifiestan inevitablemente en mi trabajo, y ya no puedo prestar a mis pacientes toda la atención que solía prestarles».

De prestar servicios a necesitarlos
Heba, de 30 años, es de Al-Ma’afir, en la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen. «Solía trabajar como especialista legal en un espacio seguro para mujeres y niñas que enfrentaban violencia y discriminación», comentó al UNFPA, que apoyó el espacio seguro.
«Para mí, más que un lugar de trabajo, era una plataforma donde podía servir a mi comunidad y al mismo tiempo construir un futuro estable para mi familia».
En áreas rurales y marginadas como Al-Ma’afir, estos espacios son vitales no solo para las mujeres que buscan refugio, sino también para el personal cuyos medios de subsistencia y dignidad dependen de ellos.
«Soy el sostén principal de mi hermana menor y mi madre divorciada, que sufre de una enfermedad crónica. Me sentí orgullosa de haber contribuido tanto a la estabilidad de mi familia como a la protección de las mujeres en mi comunidad».
Ese espacio seguro ahora está cerrado debido a la falta de fondos.
Para Heba, el cierre ha afectado todos los aspectos de su vida. «El impacto fue más allá de lo económico: perdí la confianza en mí misma y me aparté de las personas que me rodeaban. Los planes profesionales que había construido con tanto cuidado desaparecieron de la noche a la mañana. En lugar de ser quien proporcionaba protección, me convertí en alguien que necesitaba apoyo».
La dura realidad de los recortes de financiación
Los programas del UNFPA en Yemen cubren las necesidades de salud reproductiva y protección de mujeres y niñas que se encuentran entre las más vulnerables; pero con una reducción de la financiación del 60 % en 2025, su llamamiento de 70 millones de dólares hasta ahora solo se ha financiado en una tercera parte.
A finales de marzo de 2025, el UNFPA se vio obligado a reducir drásticamente sus programas de protección de la salud reproductiva y la violencia de género, lo que dejó a casi 1,5 millones de mujeres sin acceso a servicios de salud esenciales y a 300.000 sin prevención ni tratamiento contra la violencia de género.

Más de 1.000 trabajadores de la salud y 400 personas que trabajaban en espacios seguros para mujeres y niñas han perdido su trabajo o su compensación económica. Los recortes de financiación del UNFPA han dado lugar al cierre de 44 centros de salud, 10 espacios seguros, un centro de salud mental y 14 equipos móviles de salud reproductiva y protección.
El UNFPA tampoco podrá impartir capacitación a unas 800 parteras, más de la mitad de las parteras que tenía previsto apoyar en 2025. Como resultado, se prevé que casi 600.000 mujeres se verán privadas de los servicios de una partera capacitada cuando los necesiten.
El espacio seguro nunca fue solo un conjunto de paredes y puertas
Fátima*, una madre de unos 30 años, perdió su trabajo como psicóloga en un espacio seguro en Seiyun, en la gobernación de Hadhramaut, tras los recortes de fondos.
«Mi trabajo no era solo escuchar o dar consejos. Se trataba de ayudar a las mujeres a encontrar fuerzas, dar a las niñas y adolescentes una oportunidad única de ser escuchadas en una sociedad que a menudo las silencia, y recordarles que sus voces son importantes», declaró al UNFPA.
«Era un lugar de sanación y esperanza»
Seis meses después de que el Gobierno de los Estados Unidos cancelara la mayor parte de la financiación al UNFPA, casi 17 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas mujeres y niñas, corren el riesgo de perder el acceso a servicios de salud y protección.
«El espacio seguro nunca fue solo un conjunto de paredes y puertas», explicó Fátima. «Era un lugar de sanación y esperanza. Su cierre no fue simplemente el final de un proyecto, sino que silenció las voces y los sueños de cientos de mujeres y niñas en Seiyun».
*Se han cambiado los nombres por motivos de privacidad y protección